Ana Laura es una joven con 20 años, estudia en el IES Lucus Solis de Sanlúcar la Mayor.

Ha hecho 1º de Bachillerato en dos cursos y quiere estudiar periodismo.

Hasta aquí podría parecernos algo, más o menos, normal.

Pero Ana Laura padece Parálisis Cerebral, Tetraparesia (Tetraparesia significa disminución de la movilidad (paresia) en las cuatro (tetra) extremidades, es decir de brazos y piernas).

Es no verbal, no puede pronunciar una sola palabra, se traslada en un carro postural, pues no es capaz de mantenerse sentada y guardar el equilibrio y lo que la motiva y es centro de su vida son las ganas de estudiar.

En 4º de la ESO tuvo un recurso de Intérprete en Lengua de Signos y en los dos años que ha cursado 1º de Bachillerato también ha tenido un Intérprete en lengua de signos.

A Ana Laura le han apoyado de la bolsa de especialista de lengua de signos, porque su problema se centra en su comunicación, al tener afectado el lenguaje al igual que el alumnado con discapacidad Auditiva y son estos especialistas los que tienen el conocimiento de saber cómo recoger y adaptar la información a sus necesidades. Como romper las barreras de comunicación, adaptar el contenido de las diferentes área a su sistema de comunicación ….

Este año le han negado el recurso que Ana Laura necesita porque dicen que Bachillerato no es educación obligatoria.

La lacónica respuesta de la Consejería de Educación es:

“No le corresponde según la normativa.
INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la DG de Participación y Equidad”.

No es obligatoria, pero es un derecho, y no podemos confundir con que algo no sea obligatorio con el no dar todas las oportunidades y medios para ejercer ese derecho.

Ana Laura tiene todo el derecho del mundo a estudiar 2º de Bachillerato y el sistema tiene la obligación de facilitar ese derecho.

La grandeza de alguien con responsabilidad pública no está en aplicar la Ley a rajatabla, sino en interpretarla y adaptarla a cada caso y circunstancia y no en “No le corresponde según la normativa. INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la DG de Participación y Equidad”. Sin más.

El sentido Común, en su artículo único dice que:

“a circunstancias especiales, respuestas especiales”

Dice el artículo 26 de los Derechos Humanos
“Artículo 26
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

Nuestra Constitución, en su artículo 27, dice,
Artículo 27
1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.

¿No es suficiente motivo de diferenciación las circunstancias de Ana Laura?

La Educación define a los pueblos. Nuestra definición la estamos escribiendo con demasiadas faltas de ortografía.

¿Tenemos derecho a quitar el derecho a alguien?

¿Tenemos derecho a seguir añadiendo más marginación, discriminación a una joven que lo que nos pide es que le ayudemos a estudiar, a crear riqueza intelectual, a querer ser igual sabiendo que es muy diferente?

Lamentablemente, este no es el único caso, ojalá lo fuera. también se están quitando recursos a Natalia, a Abel, a Jorge, a … cientos de casos.

Se están preparando dossieres para presentar en Fiscalías, pidiendo amparo y protección de derechos.

Y me pregunto ¿es necesario?

Espero que nuestros políticos estén a la altura que de ellos se espera, nada más.

Antonio Guerrero. Presidente de la Fundación. 670 86 36 86